OLYMPIA — El lunes, en coincidencia con el Día de Martin Luther King Jr., un día que resalta la importancia de la justicia racial y económica, se presentó en el Comité de Trabajo y Comercio del Senado la legislación para ofrecer protecciones laborales a las personas trabajadoras del hogar.
El Proyecto de Ley del Senado 5023, conocido como la ley de derechos laborales de personas trabajadoras del hogar, es patrocinado por la senadora Rebecca Saldaña (D-Seattle), una defensora de de la fuerza laboral doméstica. En su testimonio, Saldaña destacó la necesidad de un cambio sistémico, señalando que la exclusión de las personas trabajadoras del hogar de las protecciones laborales tiene raíces históricas profundas en políticas discriminatorias. Las personas trabajadoras del hogar incluyen a las personas encargadas de la limpieza, niñeras, cuidadores y jardineros y desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de los hogares y el apoyo a las familias.
“En un día en el que reflexionamos sobre el legado del Dr. King, es un honor presentar esta política para la justicia económica de las personas trabajadoras del hogar”, dijo Saldaña. “Durante demasiado tiempo, el trabajo de las personas trabajadoras del hogar — en su mayoría mujeres, inmigrantes y personas de color — ha sido subvalorado y excluido de los estándares laborales que garantizan salarios justos, dignidad en el trabajo y protección contra la discriminación. Este proyecto de ley es un paso hacia la corrección de esa injusticia.”
La audiencia del comité incluyó testimonio impactante de la comunidad, que destacaron la urgente necesidad de estas protecciones. Sus historias personales subrayaron las vulnerabilidades que enfrentan los trabajadores domésticos y la necesidad crítica de un cambio sistémico para asegurar sus derechos.
El SB 5023 requerirá que los empleadores de personas trabajadoras del hogar proporcionen protecciones laborales esenciales, incluyendo salario mínimo y pago de horas extras, descansos para comida y descanso, y protección contra la discriminación y represalias. También exige acuerdos laborales escritos y un aviso de dos semanas antes de la terminación, con un aviso extendido de cuatro semanas para trabajadores o trabajadoras que vivan en la residencia del empleador.
El proyecto de ley requiere que los empleadores mantengan transparencia respecto a los términos y condiciones del empleo y fortalece las medidas de rendición de cuentas, permitiendo investigaciones por parte del Departamento de Labor e Industrias (L&I).
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