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OLYMPIA – Hoy, el Gobernador Jay Inslee aprobó legislación que amplía el acceso a la asistencia pública para las víctimas de la trata de personas.

 El proyecto de ley 5164 del Senado, patrocinado por la senadora Rebecca Saldaña (Demócrata-Seattle), amplía la elegibilidad para programas estatales de asistencia alimenticia, asistencia familiar y atención médica. Según la nueva ley, los no ciudadanos podrán acceder a estos programas si han tomado medidas para obtener estatus migratorio bajo las leyes federales que protegen a las víctimas de la trata de personas y los delitos graves. Los familiares que califican también serán elegibles para recibir asistencia.

“Trágicamente, la trata de personas es un problema grave en nuestro estado. Los adultos y niños que son víctimas de la trata quienes buscan liberarse a menudo corren el riesgo de perder su vivienda y empleo, los cuales están vinculados con su traficante,” dijo Saldaña. “Esta legislación elimina las barreras a los servicios críticos para salvar vidas cuando las personas se encuentran en su momento más vulnerable y más necesitan estos servicios.”

Saldaña dijo que desarrolló el proyecto de ley su primer año en el Senado con API-CHAYA, Seattle Against Slavery y Washington State Coalition Against Domestic Violence, que son líderes de primera línea para eliminar la trata en el estado de Washington.  Lo presentó otras tres veces antes de que la legislatura lo aprobara y lo mandara al escritorio del gobernador.

“Como ex fiscal de delitos sexuales, sé lo importante que es para los sobrevivientes de la trata de personas de tener los servicios vitales para la transición a una vida libre de explotación”, dijo el Representante Mike Pellicciotti (D-Federal Way), patrocinador de un proyecto de ley parecido en la Cámara de Representantes, Proyecto de ley 1971 de la Cámara. “Aprecio el liderazgo de la Senadora Saldaña en este proyecto de ley”.

Una ley aprobada en la sesión legislativa de 2018, Proyecto de ley 1022 de la Cámara, abordó las certificaciones de las agencias de policía para los no ciudadanos que califican para visas para víctimas de trata de personas y otros delitos graves. La ley firmada hoy brinda a las víctimas la oportunidad de solicitar servicios mientras están en el proceso de obtener visas.

La nueva ley entrará en vigencia el 1 de febrero de 2022.