OLYMPIA — El senador Drew Hansen (D–Bainbridge Island) presentó el miércoles un proyecto de ley para fortalecer las protecciones contra redadas sin orden judicial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El proyecto busca proteger a estudiantes de escuelas públicas de primaria y secundaria, colegios y universidades, así como a trabajadores de guarderías, pacientes en centros de salud y otras personas. 

“Queremos que la gente pueda ir a la escuela, trabajar en una guardería y acudir al médico sin vivir con miedo ni preguntándose si ICE va a llegar a llevárselos sin una orden judicial”, dijo Hansen. “La gente ya tiene suficientes preocupaciones como para añadir el temor de que ICE aparezca en una escuela, un hospital o una universidad sin orden y se lleve a alguien”. 

La Ley de Aplicación Federal Segura y Responsable (SAFE, por sus siglas en inglés), SB 5906, aclara que los agentes de control migratorio deben contar con una orden judicial válida, una citación judicial o una orden de un juez antes de entrar a áreas no públicas de centros de educación inicial, escuelas públicas de primaria y secundaria, instituciones de educación superior, centros de salud y oficinas electorales. Hasta ahora, ICE suele usar órdenes administrativas, que solo requieren la aprobación de un agente o funcionario de ICE y no tienen el mismo nivel de revisión. 

En 2019, la Legislatura del estado de Washington aprobó de manera bipartidista la Ley Keep Washington Working (KWW). Esta ley hizo varios cambios para asegurar que “el estado de Washington siga siendo un lugar donde se respeten y protejan los derechos y la dignidad de todas las personas que viven en el estado, para que Washington siga funcionando”. 

El proyecto de ley SAFE amplía y convierte en ley políticas ya existentes creadas por la oficina del fiscal general del estado. Estas políticas regulan la cooperación con la aplicación federal de las leyes migratorias en o cerca de escuelas públicas de primaria y secundaria, universidades y centros de salud públicos. Además, el proyecto extiende protecciones a las personas que trabajan, visitan o buscan servicios en hospitales, guarderías, centros de educación y oficinas electorales. 

“En el estado de Washington creemos que las comunidades son más fuertes cuando las personas no se ven obligadas a vivir con miedo. El proyecto de ley SAFE busca asegurar que madres y padres puedan llevar a sus hijos a la guardería, que los estudiantes puedan ir a la escuela y que las familias puedan recibir atención médica sin preocuparse de que una actividad cotidiana se convierta en una redada de ICE”, dijo Jake García, director de políticas del Latino Community Fund of Washington State. “El proyecto de ley SAFE no detiene la aplicación de la ley; establece límites claros para que las familias no sean separadas en los lugares que existen para protegerlas”. 

El proyecto de ley establece reglas claras que limitan la recopilación y el uso de información personal en centros de educación inicial, escuelas públicas de primaria y secundaria, instituciones de educación superior y centros de salud, de acuerdo con la ley estatal y federal. 

También explica cómo deben responder las instituciones públicas si autoridades migratorias solicitan acceso a espacios no públicos o a información. Por ejemplo, las instituciones de educación superior deben avisar a la oficina del presidente de tal institución si se espera la presencia de agentes migratorios en el campus, si están por entrar o si ya entraron. Si un estudiante o trabajador es detenido, se debe avisar de inmediato a un contacto de emergencia. 

“Las aulas deben ser espacios para aprender, no para tener miedo. Los estudiantes merecen continuar con su educación sin la preocupación de ser detenidos”, dijo Vanessa Ponce, directora ejecutiva de la Washington Student Association. “Los estudiantes no deberían preocuparse de que ellos o sus compañeros sean perseguidos o afectados y que su educación se interrumpa”. 

Según el proyecto de ley, los colegios y universidades deben mantener una lista gratuita y actualizada de proveedores de servicios legales de inmigración para estudiantes, y publicar de forma visible y enviar con regularidad por correo electrónico información sobre derechos migratorios y cómo responder. También exige que las guarderías y las escuelas públicas de primaria y secundaria entreguen a madres y padres información de “Conozca sus derechos” sobre la aplicación de leyes migratorias, elaborada por la oficina del fiscal general del estado. 

La sesión legislativa de 2026 comienza el 12 de enero.